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Cláusula penal de no competencia post-contractual: ¿Cuál es su alcance?

19 Abr 2017, Posted by comunicalegal in Actualidad LegalPyme.es, Artículos LegalPyme.es, Laboral-Recursos Humanos
cláusula penal de no competencia

| 19 de abril de 2017 |

 
La denominada “cláusula penal” de no competencia post contractual es un pacto suscrito entre la empresa y el trabajador que funciona, o al menos ha venido funcionando, como una suerte de garantía para la empresa en caso de que el trabajador incumpliera la mencionada obligación, una vez que este ya no trabaja para aquélla.

 

Artículo redactado por el

Equipo del Área Laboral-Recursos Humanos

 

Hasta ahora, se puede defender que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad (art. 1255 del Código Civil), ambas partes podían fijar una cuantía determinada, la cual se activaría automáticamente en forma de indemnización en favor de la empresa, ante el simple hecho de acreditar las actuaciones competidoras del trabajador (ex trabajador ya).

Por otra parte, como no podía ser de otra manera, la empresa siempre contará con el recurso de pretender ser resarcida por los daños y perjuicios que el incumplimiento de la cláusula penal de no competencia post contractual pudiera haber causado, aunque la jurisprudencia en ocasiones considera este remedio judicial subsumido en la previsión contractual de penalidad o cláusula penal.

Si bien la cuestión de acreditar y cuantificar los daños irrogados por el incumplimiento del trabajador es con frecuencia una tarea ardua y costosa para la empresa, con muy poco recorrido judicial y con limitadas expectativas de condena, la cláusula penal, en cambio, sí suele tener acogimiento por parte de los jueces del orden social, ya que el hecho de que ambas partes hayan “tasado” el valor del incumplimiento facilita la labor del juez.

Sin embargo, de acuerdo con los últimos movimientos jurisprudenciales, parece que cada vez se le exige más a la cláusula penal para que ésta despliegue válidos efectos y sea una forma segura de garantizar un resarcimiento económico en caso de incumplimiento del trabajador de su prohibición de competir.

 

Cambios jurisprudenciales en la cláusula penal de no competencia post-contractual

 

Un ejemplo de ello es la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 26 de octubre de 2016, la cual enjuicia un pacto de no competencia cuya validez y requisitos no se cuestionan, pues la compensación cumplía el requisito de “adecuada” (6.000 € anuales con un mínimo de 18.000 €, que fue lo que cobró, pues la relación laboral no duró ni un año), la duración del pacto no excedía los 2 años que establece la Ley (era de 18 meses), y se daba por existente el legítimo interés comercial o industrial de la empresa para hacer valer la prohibición de competir.

En cambio, y aquí está la cuestión litigiosa, el pacto contenía una cláusula penal que fijaba una indemnización para la empresa, en caso de incumplimiento, equivalente a una anualidad de salario bruto del trabajador (59.000 Euros), parámetro, por otra parte, que se ve con frecuencia en la práctica.

La conducta prohibida se dio por probada (se trataba de un “sales manager” que pasó a trabajar directamente como empleado en una empresa que se consideraba competidora), pero lo que se discutía era, básicamente, si la cuantía de la cláusula penal era desproporcionada o no, a pesar de que hubiese sido fijada por las partes de forma aparentemente inequívoca.

Pues bien, para el TS no es suficiente que la cuantía indemnizatoria fijada haya sido establecida de forma “tajante” por las partes, y que solo con acreditar el incumplimiento del trabajador se devenga el pago de aquélla. De la citada Sentencia se colige la necesidad de realizar un esfuerzo probatorio razonable para justificar la proporcionalidad de la cuantía, atendiendo a las circunstancias concretas, duración de la prohibición, gravedad del incumplimiento… quedando la empresa eximida, únicamente, de acreditar detalladamente la concreta cantidad indemnizatoria.

Efectivamente, indica el TS, entre otras razones, que la libertad de pacto entre las partes que establece el Código Civil ha de modularse teniendo en cuenta la perspectiva social. Es decir, el factor compensador del derecho laboral, por lo que pactar una cantidad muy superior a la que, por ejemplo, se abonó al trabajador para compensar la prohibición de competir, sería posible sólo en la medida en que acredite mínimamente una razonable proporcionalidad entre la cuantía y el incumplimiento.

En el caso comentado, el Tribunal termina por declarar que no procede la condena al trabajador de abonar la cuantía fijada en la cláusula penal, dado que ésta triplicaba lo abonado por la empresa por compensación, sin que la empresa hubiera desplegado esa necesaria actuación probatoria mínima para justificar que aquella es proporcionada.

En consecuencia, parece que el TS entiende que, al igual que el Estatuto de los Trabajadores (ET) exige que la compensación al trabajador por no poder competir sea “adecuada” (art. 21 ET), la compensación a la empresa por incumplimiento del pacto ha de ser igualmente “adecuada”.

A mi entender, la cifra fijada en las cláusulas penales puede seguir siendo superior a la compensación pagada al trabajador (como quiera que ésta se haya pagado, durante la relación laboral, o al momento de la extinción o durante la validez del pacto), pero ya no será aconsejable introducir las elevadas cuantías que en la práctica se han dado, se dan y, que pretenden atribuir al pacto un efecto disuasorio para que el trabajador no inicie actividad competidora alguna.

Sin duda, es tiempo de rediseñar los pactos de no competencia post contractual, y concretamente las cláusulas penales, previendo los diferentes supuestos, su alcance y efectos, con el fin de acomodar aquéllos a los últimos criterios jurisprudenciales, buscando fórmulas que doten a las empresas de una mayor certidumbre y tranquilidad para afrontar las posibles situaciones de conflicto en este campo.

Conozca al Responsable del Área Laboral-Recursos Humanos.

 

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