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Diligencias preliminares y competencia desleal

01 Jun 2017, Posted by comunicalegal in Actualidad LegalPyme.es, Artículos LegalPyme.es, Procesal
Diligencias preliminares y competencia desleal

| 1 de junio de 2017 |

 
Aunque en el tráfico mercantil se perciben muchas infracciones de las reglas de competencia empresarial que afectan a las PYMEs y a los consumidores, en términos estadísticos, los juicios en asuntos sobre competencia desleal son poco frecuentes en España.

 

Artículo redactado por el

Equipo del Área Procesal 

 

Una de las razones que explican este hecho deriva de un rasgo específico de la preparación de las acciones judiciales en este ámbito de la litigación mercantil.  Para plantear con un mínimo fundamento una demanda basada en la concurrencia de alguno de los ilícitos previstos en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (en adelante, LCD), en muchas ocasiones, es necesario disponer de información previa sobre el supuesto infractor o sobre aspectos de su comportamiento, la cual no resulta fácilmente accesible.

Tal es el caso, por ejemplo, del ilícito por venta a pérdida (artículo 17 LCD), para cuya estimación es necesario –entre otras cosas– acreditar en el pleito una relación deficitaria entre los costes de adquisición y los precios de venta de los productos examinados.

O igualmente, en una hipótesis de discriminación económica (artículo 16 LCD), que requiere conocer y demostrar que se aplican al consumidor precios o condiciones de venta injustificadamente peores que los que se emplean con otros consumidores.

En el mismo sentido, en materia de prácticas comerciales con los consumidores o usuarios, tal ocurre en un supuesto de una práctica señuelo (artículo 22 LCD), de una práctica engañosa relativa a la naturaleza de un producto o servicio (artículos 23 LCD) o de una venta piramidal (artículo 24 LCD), casos en los que, también, resulta esencial conocer ex ante datos que obran en poder del potencial infractor.

 

Aplicación práctica del Derecho contra la competencia desleal en los tribunales

 

En ninguno de estos supuestos es razonable esperar que el ciudadano o el empresario acudan a ciegas a los tribunales para promover el enjuiciamiento de hipotéticas infracciones legales, sobre cuya verdadera existencia no disponen de un mínimo de información previa. Porque, sin esa información previa mínima que permita interpretar que concurren prima facie determinados elementos objetivos del ilícito, puede resultar poco prudente –o en algún caso incluso temerario– interponer una acción judicial, cuya desestimación comportará, previsiblemente, una imposición de costas.

Por otra parte, tampoco resulta recomendable ni estratégicamente razonable arriesgarse a iniciar un pleito y fiarlo todo al resultado de la práctica probatoria –fundamentalmente a través de la exhibición documental prevista en el artículo 328 de la LEC– relativa a hechos alegados sobre cuya existencia no se dispone siquiera de información indiciaria.

La asimetría de información que existe entre el perjudicado por un ilícito de esta naturaleza y quien lo perpetra, combinada con el riesgo de una imposición de costas y los demás costes temporales y dinerarios de un procedimiento judicial, tiene un claro efecto disuasorio. Además, a la postre supone un beneficio estratégico para el infractor quien, sencillamente, en muchas ocasiones, termina por no ser demandado ante los tribunales.

Este efecto es especialmente intenso en el ámbito de los consumidores individuales, para quienes –como es bien sabido– el análisis beneficio-coste sobre la conveniencia de interponer una acción judicial suele inclinar la balanza en favor de la indulgencia o tolerancia con la práctica indeseable. La escasez de pleitos avala cuanto venimos diciendo, a pesar de que el Derecho contra la competencia desleal es una rama del Ordenamiento mercantil que goza en España de un desarrollo doctrinal y normativo significativo.

 

Las diligencias preliminares en los casos de competencia desleal

 

Precisamente, para corregir esta situación y permitir la preparación del pleito, el legislador ha previsto las diligencias preliminares en el ámbito del Derecho contra la competencia desleal. Esta institución está llamada a facilitar la preparación del posterior procedimiento, permitiendo el acceso a información necesaria para interponer una posterior demanda.

Sin embargo, en la práctica del foro, estas medidas no están cumpliendo la función que tienen asignada, como es evidente por la aludida ausencia de un volumen apreciable de litigación. Una interpretación demasiado inflexible de los requisitos de adopción de estas diligencias por parte de los tribunales de justicia, alimentada acaso por una cierta cultura de entronización del secreto empresarial, y la falta de rigor y exactitud en los escritos de solicitud de las mismas por parte de los abogados, parecen hallarse en el epicentro de este déficit.

En definitiva, el actual status quo perjudica a los empresarios, a los consumidores y al conjunto del mercado en su dimensión institucional, porque impide que se sometan a revisión judicial muchos comportamientos que pudieran merecer un reproche jurídico y que entorpecen una sana concurrencia.

Por todo ello, es muy importante contar con un equipo jurídico que conozca bien la regulación y el funcionamiento de las diligencias preliminares porque, de lo contrario, es muy difícil que éstas sean concedidas por el juez. Y, sin diligencias preliminares, resulta muy arriesgado interponer con opciones de éxito un pleito por competencia desleal. En este ámbito, como en tantos otros, la especialización de los abogados es esencial para el cliente.

 

Conozca al Responsable del Área Procesal.

 

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