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Defensa de la competencia: ¿qué conductas están prohibidas?

03 May 2017, Posted by comunicalegal in Actualidad LegalPyme.es, Artículos LegalPyme.es, Regulatorio-Nuevas Tecnologias, UE-Internacional
Defensa de la competencia. Servicios jurídicos a empresas y profesionales

| 3 de mayo de 2017 |

 

La defensa de la competencia permite contar con los instrumentos adecuados para hacer posible el buen funcionamiento de los procesos del mercado. En concreto, el objetivo de la defensa de la competencia es garantizar la existencia de una competencia efectiva entre las empresas.

 

Artículo redactado por el

Equipo del Área de Regulatorio-Nuevas Tecnologías

 

La competencia efectiva no solo constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado sino que asimismo disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. En cuanto a los tipos de infracción, están prohibidos los acuerdos entre empresas (acuerdos colusorios) y el abuso de posición de dominio así como el falseamiento de la libre competencia por actos desleales. A menos que resulten de la aplicación de una norma con rango de Ley o, por su menor importancia, no sean susceptibles de afectar de forma significativa a la competencia.

El artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia establece que “(se) prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional”.

 

¿Qué son los acuerdos colusorios?

Actuaciones unificadoras de la conducta comercial en el mercado de dos o más empresas que tengan por objeto o simplemente produzcan el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado español.

Asimismo, y sin carácter exhaustivo, el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia enumera una serie de conductas que, en la medida en que constituyan el objeto del acuerdo, decisión o recomendación colectiva, determinan su naturaleza anticompetitiva.

 

¿A qué se refieren los acuerdos colusorios?

A la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio; la limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones; y el reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.

Es decir, la prohibición de conductas colusorias proscribe todo tipo de actuación concertada de varias empresas susceptible de producir efectos anticompetitivos, con independencia de la forma en la que tales empresas concierten.

En este sentido, en el ámbito de aplicación de la normativa de defensa de la competencia, los conceptos de “acuerdo”, “decisiones de asociaciones de empresas”, “recomendaciones” o “práctica concertada”, se consideran referidos a formas de colusión que comparten la misma naturaleza y que solo se distinguen por su intensidad y por las formas en las que se manifiestan.

Por tanto, resulta irrelevante, a los efectos de su tratamiento, el hecho de que una práctica anticompetitiva sea catalogada con un término u otro.

 

¿Cuál es el concepto de “empresa” a efectos del Derecho de la competencia?

Se considera empresa a toda entidad dedicada a una actividad económica, es decir, a una actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un mercado determinado, independientemente de su estatuto jurídico y del modo en que se financie. Para cumplir estas condiciones no es necesario que haya una voluntad de obtener beneficios, ni quedan excluidos por definición los organismos públicos.

Desde la óptica del Derecho de defensa de la competencia, incluso un profesional liberal o un autónomo han sido considerados “empresa” en el ejercicio de su actividad por cuenta propia.

En cuanto a las condiciones relativas al objeto y efecto de las conductas colusorias prohibidas, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, no tienen carácter acumulativo sino alternativo a la hora de apreciar si una práctica es restrictiva de la competencia.

Ello implica que, una vez que se ha demostrado que un acuerdo tiene por objeto restringir la competencia y por su contenido y/o contexto económico se muestra apto para restringir la competencia, no es necesario demostrar la existencia de efectos reales restrictivos sobre el mercado.

Por lo tanto, si la actuación concertada en cuestión tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia, la toma en consideración de los efectos concretos es superflua. No es necesario que se produzca un daño efectivo para constatar la práctica restrictiva de la competencia bastando, por tanto, la mera posibilidad de que aquél pueda producirse.

Los resultados reales de una conducta contraria al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia se tienen en cuenta únicamente a efectos de graduar la sanción (cuestión que trataremos en un próximo artículo). Por ello, la valoración de los efectos de la práctica en cuestión debe tener su reflejo exclusivamente en el momento del cálculo del importe de la sanción y no al analizar la antijuridicidad de una conducta cuya ilicitud por objeto ya ha
quedado determinada.

 

¿Es necesario que exista la voluntad de incurrir en la prohibición de acuerdos colusorios? 

En relación con la intencionalidad, una conducta puede ser realizada de forma culposa o dolosa, pues la prohibición de acuerdos colusorios de la Ley de Defensa de la Competencia se refiere a un elemento intencional (dolo) o negligente (culpa). La conducta dolosa es la que tiende directamente a provocar el efecto distorsionador de la libre competencia efectivamente pretendido; mientras que la conducta culposa es aquella que aun sin pretenderlo es apta para causar el efecto distorsionador de la competencia.

Consecuentemente, no cabe alegar error o ausencia de intencionalidad para evitar la infracción, pues la conducta colusoria es igualmente sancionable incluso a título de simple negligencia.

Sin embargo, al igual que en el caso de los efectos de la conducta al que se ha hecho alusión anteriormente, estos elementos, en su caso, se tendrán en cuenta en el momento de la determinación de la gravedad de la sanción.

No obstante lo anterior, no todos los acuerdos colusorios están prohibidos, puesto que la Ley de Defensa de la Competencia excluye de la prohibición aquellas restricciones de la competencia proporcionales a los beneficios que generan en términos de eficiencia en la asignación de recursos y, por tanto, de bienestar general.

 

¿Qué puede hacer una empresa ante una práctica restrictiva de la competencia?

Desde el punto de vista de defensa de la competencia, si una empresa es objeto de una práctica restrictiva protagonizada por sus competidores, proveedores, clientes o socios comerciales, puede denunciar tal conducta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o a la autoridad equivalente de ámbito autonómico, según corresponda, que son los órganos administrativos especializados encargados de la defensa de la competencia.

A estos órganos se les reconocen una serie de facultades para recabar información, realizar inspecciones y vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Defensa de la Competencia y los recursos que proceden.

Ahora bien, de este modo a lo que puede aspirar la empresa denunciante es a que se proteja el interés general, representado en este caso por el mantenimiento de la competencia efectiva; pero no servirá para tutelar su interés particular, entendiéndose por tal los perjuicios sufridos como consecuencia de las conductas restrictivas de la competencia objeto de la denuncia.

Por tanto, si lo que se pretende no es solo poner fin a las prácticas restrictivas de la competencia sino también ver resarcidos los daños causados, la empresa afectada deberá entonces solicitar ante los tribunales que se condene a los responsables de las conductas colusorias a indemnizar los daños y perjuicios generados por la
conducta infractora.

 

Conozca al Responsable del Área de Regulatorio-Nuevas Tecnologías.

 

Desde LegalPyme.es, en un mercado globalizado y en constante cambio, prestamos servicios jurídicos a empresas y profesionales en materia de defensa de la competencia. Tanto si su empresa requiere de asesoramiento preventivo como si está siendo objeto de prácticas colusorias, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

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