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Planteamiento de un caso y etapas de un proceso civil

25 Sep 2017, Posted by comunicalegal in Actualidad LegalPyme.es, Artículos LegalPyme.es, Procesal

Las etapas de un proceso civil

| 25 de septiembre de 2017 |

 
Cuando el ciudadano percibe que tiene un conflicto jurídico grave o injusto, habitualmente, decide consultar a un abogado. El primer encuentro con el profesional es fundamental para dar a conocer las circunstancias de la controversia y para examinar las posibilidades de encauzar el asunto como una reclamación judicial ante la jurisdicción.

 

Artículo redactado por el

Equipo del Área Procesal 

 

En estas hipótesis, el potencial cliente desea ser informado sobre el funcionamiento esencial de un procedimiento y sobre los costes y riesgos que conlleva.

Si el derecho que el cliente entiende perturbado puede ser defendido y, en su caso, restablecido a través de un procedimiento civil, es conveniente que el asesor jurídico explique con claridad cuáles son las principales vías de reclamación posibles y qué etapas habrá que recorrer.
 

Tipos de procedimientos y etapas de un proceso civil

 
Ante la jurisdicción civil existen dos procedimientos tipo habituales, que configuran estadísticamente la mayoría de la litigación privada. Son el procedimiento ordinario y el juicio verbal. Ambos se refieren a la fase declarativa del procedimiento, en la que a través de la sentencia se busca una respuesta sobre el fondo de la cuestión discutida.

El procedimiento ordinario es más completo que el verbal por cuanto está pensado para asuntos de una cierta complejidad o temas en los que la cuantía en disputa supere los 6.000 euros. Su duración habitual ante la primera instancia judicial es de aproximadamente un año, sin perjuicio del tiempo adicional que pueda suponer un recurso de apelación (alrededor de 2 años) y, cuando quepa, un recurso de casación (entre 3 y 5 años adicionales).

Se comienza mediante una demanda escrita en los que se consignan los hechos básicos, los fundamentos de Derecho y las peticiones concretas que se impetran de los tribunales (una declaración, una condena o una constitución, modificación o extinción de derechos). La demanda es repartida a un juzgado competente, cuyo letrado de la administración de justicia examina y –salvo que se detecten defectos– admite a trámite, emplazando a continuación al demandado a contestar por un plazo de 20 días.

De esta manera, el demandado no está obligado a comparecer, ni a contestar, y puede allanarse a las peticiones del actor, pero su mejor estrategia –que debe contrastar con el abogado de confianza– suele ser contestar formalmente la demanda mediante un escrito de oposición en el que se discutan los hechos, los fundamentos de Derecho y las consecuencias pretendidas por la parte demandante.

Los escritos iniciales delimitan el objeto del proceso, es decir, aquello que será discutido y decidido en el pleito. Tras la presentación de estos escritos, se señala una fecha para la audiencia previa, un acto solemne en el que no suelen estar presentes las partes y que sirve para que los abogados y el juez aborden potencialmente cuatro tipos de cuestiones: la posibilidad de llegar a un acuerdo, los obstáculos de carácter técnico-procesal que pueden impedir la prosecución del litigio, los hechos que siguen controvertidos y las pretensiones que deben dirimirse y, por último, los medios de prueba que se plantean y deberán practicarse en el acto posterior del juicio.

El acto del juicio oral es el segundo encuentro formal que se realiza con inmediación del juez. Su cometido principal es la práctica de los medios de prueba (testigos, peritos, etc.), con la habitual presencia y participación de las partes, y la formulación de las conclusiones finales. Tras ello el juicio queda visto para sentencia.

En el caso del procedimiento de juicio verbal, pensado para cuitas menos complejas (arrendamientos, cuestiones posesorias, interdictos, reclamaciones en compraventas  a plazos y contratos financieros, etc.) o con importe moderado (hasta 6000 euros), los plazos se acortan y el procedimiento se simplifica.

La duración de la primera instancia suele ser de unos 6 meses, sin perjuicio del plazo añadido que suponga el recurso de apelación (aproximadamente dos años), en las hipótesis en que quepa. En cuanto a su estructura, esencialmente se unifican los dos actos solemnes comentados anteriormente: la audiencia previa y el juicio oral, celebrándose todo en unidad de acto.

El cliente debe exigir un buen servicio a su abogado, que empieza por conocer y comentar este tipo de cuestiones y poder profundizar sobre ellas para hacerse una representación lo más fidedigna posible de lo que supondrá formular –o contestar– una reclamación judicial.

Asimismo, debe poder contar desde el inicio con un presupuesto de los honorarios profesionales de abogados y procurador y con una estimación de los riesgos de ser condenado al pago de las costas de la parte contraria.
 
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