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Medidas cautelares y medidas de aseguramiento de prueba

26 Abr 2017, Posted by comunicalegal in Actualidad LegalPyme.es, Artículos LegalPyme.es, Procesal
Medidas cautelares

| 26 de abril de 2017 |

 

Por razones estructurales y por limitaciones materiales y de recursos humanos, los procedimientos judiciales consumen un muy considerable lapso de tiempo. Solo la primera instancia de un procedimiento ordinario en España, suele tardar en torno a un año desde que se inicia el pleito mediante la interposición de la demanda hasta que recae sentencia.

 

Artículo redactado por el

Equipo del Área Procesal 
 
 

Este es un mal congénito del sistema frente al que, desde muy antiguo, tratan de ofrecerse diversos remedios (recientemente, se apuesta por la desjudicialización y por el uso de sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la negociación, mediación o arbitraje). Por esta razón, cuando el ciudadano decide adentrarse en la vía judicial, la carga temporal del procedimiento puede suponer un riesgo de fracaso, incluso en el caso de que obtenga una sentencia favorable a sus intereses.

Ello se debe a la constatación obvia de que, mientras dura el pleito civil, el demandado puede maniobrar con su patrimonio para reducirlo o hacerlo desaparecer, comprometiendo así la eficacia de la resolución judicial que se dicte contra el mismo. Para paliar este riesgo, el ordenamiento procesal establece la institución de las medidas cautelares.

 

¿Para qué se solicitan las medidas cautelares? 

 

Las medidas cautelares se solicitan del juzgado con el fin de proteger la eficacia de la resolución estimatoria futura de una demanda. Desde el principio del pleito –e incluso antes de su iniciación formal–, el demandante pide protección frente a los comportamientos del demandado que puedan impedir la efectividad de la sentencia. Esa protección puede tener un contenido variado.

Algunas medidas cautelares –tradicionalmente consideradas como de carácter conservativo– consisten en una suerte de congelación del statu quo patrimonial (un embargo de bienes, un depósito, un inventario, una administración judicial…), que impiden que el demandado pueda enajenar, distraer, alterar o gravar su patrimonio.

Otras medidas cautelares, conocidas como anticipatorias, solicitan del juzgado que adelante provisionalmente el contenido de la sentencia, evitando de este modo la espera hasta el final del procedimiento (así, pueden consistir en prohibiciones de hacer o en obligaciones de seguir un determinado comportamiento).

De esta manera, para que una medida cautelar prospere es imprescindible que el solicitante acredite adecuadamente que tiene un principio de razón en cuanto al fondo de su reclamación (fumus boni iuris), sin necesidad de llegar hasta la sentencia.

Este requisito es siempre indiciario e hipotético pero debe establecerse acompañando principios de prueba o elementos materiales que demuestren que su reclamación es prima facie sólida. Además, es necesario demostrar que existe un peligro concreto y real de perjuicio a las expectativas patrimoniales del actor en el concreto caso que se somete a enjuiciamiento (periculum in mora).

En efecto, hay que convencer al juez de que en las circunstancias concurrentes es probable que, por un comportamiento del demandado o por causas externas, el patrimonio que tendrá que responder de la reclamación interpuesta se vea mermado o afectado significativamente si no se adopta la medida.

También, es obligatorio ofrecer una caución que actúe como garantía para responder de los daños causados al demandado en el caso en que, finalmente, la sentencia sea desestimatoria y las medidas deban alzarse.

Las medidas cautelares cumplen una función esencial en la litigación civil y mercantil y constituyen una necesidad en muchos casos. Su éxito depende, en buena medida, del buen hacer del letrado que la solicita y defiende ante el juzgado. Por ello, es recomendable confiar su tramitación a un abogado especializado en Derecho procesal.

 

Conozca al Responsable del Área Procesal.

 

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