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Recuperación de créditos en el extranjero (I): En la Unión Europea

31 Oct 2017, Posted by comunicalegal in Actualidad LegalPyme.es, Artículos LegalPyme.es, UE-Internacional

Recuperación de créditos en el extranjero UE

| 31 de octubre de 2017 |

 
Para la recuperación de un crédito frente a un deudor en otro Estado miembro (en adelante, EM), el acreedor debe dirigirse al órgano jurisdiccional que sea competente con arreglo a las normas del Derecho comunitario relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

 

Artículo redactado por el

Equipo del Área Unión Europea-Internacional

 

A continuación, la reclamación de crédito podrá hacerse de conformidad con el proceso nacional aplicable en la jurisdicción del órgano jurisdiccional competente en ese EM o, siempre y cuando se cumplan las condiciones en cada caso previstas, con arreglo a uno de los procesos europeos creados con esta finalidad. A su vez, la reclamación de crédito seguirá un camino u otro en función de que estemos, o no, ante un crédito impugnado.

Estas posibilidades de reclamación de créditos en el extranjero en la Unión Europea (en adelante, UE) resultan de un sistema constituido por varios instrumentos procesales, concretamente: para créditos no impugnados, el reconocimiento de resoluciones dictadas en otro Estado miembro de la UE (Reglamento (CE) nº 805/2004); y, cuando aún no cuenta el acreedor con un título ejecutivo, el proceso monitorio europeo (Reglamento (CE) nº 1896/2006) y el proceso europeo de escasa cuantía (Reglamento (CE) nº 861/2007).

Como refleja la clasificación sugerida, aunque cada uno de los procesos tiene un alcance diferente, debiendo por tanto acudir al que exija la reclamación de crédito transfronteriza en cuestión, los tres Reglamentos, a los que nos referimos ahora en más detalle, aplican el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia civil y mercantil; y de este modo contribuyen a la realización del mercado único en la UE.

 

Recuperación de créditos en el extranjero: 3 Reglamentos, punto por punto.

 

1- El Reglamento (CE) nº 805/2004, relativo al título ejecutivo europeo.

 
Esta normativa permite prescindir del procedimiento de exequátur para obtener el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, documentos públicos con fuerza ejecutiva y transacciones judiciales dictadas en un EM de la UE (excepto Dinamarca) sobre créditos no impugnados que pueden, por tanto, ser reconocidos y ejecutados automáticamente en otro país de la UE, sin procedimiento intermedio.

Es decir, tanto si hemos obtenido una resolución judicial de un Juzgado o Tribunal, como si tenemos un documento público con fuerza ejecutiva (como las escrituras notariales) o se ha acordado con el deudor-demandado una transacción judicial, que debe ejecutarse en otro Estado miembro de la UE distinto del de origen de la resolución, documento público o transacción judicial, puede realizarse una petición de título ejecutivo europeo a las autoridades competentes del Estado miembro de origen.

Para ello, deben cumplirse una serie de requisitos materiales y procesales. Por un lado, las obligaciones a las que se refiera el crédito han de ser de naturaleza civil o mercantil, quedando excluidas las materias fiscal, aduanera y administrativa; y, por otro lado, el procedimiento judicial del que resulte el título debe cumplir algunas condiciones de procedimiento relativas a los métodos de notificación o traslado, al contenido del escrito de incoación y al derecho de reexamen de la decisión en casos excepcionales, que debe preverse obligatoriamente.

El acreedor-demandante también puede utilizar un documento público con fuerza ejecutiva como medio de prueba en apoyo de su solicitud de requerimiento europeo de pago o en un proceso europeo de escasa cuantía, que son los procesos europeos diseñados para reclamar en el extranjero el pago de créditos no reconocidos por el deudor.

 

2- El Reglamento (CE) nº 1896/2006, que creó el proceso monitorio europeo.

 
La creación del proceso monitorio europeo, permitió que un requerimiento europeo de pago para créditos pecuniarios de importe determinado, vencidos y exigibles pueda expedirse en un proceso único común a los Estados miembros de la UE (excepto Dinamarca); aplicándose, subsidiariamente, el Derecho nacional a las cuestiones que no estén expresamente reguladas por el Reglamento.

El proceso monitorio europeo es opcional, en la medida en que le corresponde al demandante decidir si utiliza este proceso en lugar de cualquier otra vía por la que pudiera hacerse el mismo requerimiento. Se trata de un procedimiento meramente escrito, no previéndose por tanto la celebración de vista oral, en el que órgano jurisdiccional expedirá el requerimiento europeo de pago, como norma general, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de presentación de la petición, siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios y la petición resulte fundada.

A continuación, el requerimiento europeo de pago se reconocerá y ejecutará automáticamente en el resto de países de la UE, sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento y ejecutándose de conformidad con los procedimientos previstos en la legislación del EM en al que se haya dirigido el requerimiento europeo de pago.

Alternativamente, hay dos escenarios. Uno es el rechazo de la petición por el órgano jurisdiccional, al que corresponderá entonces informar al demandante sobre los motivos. En ese caso no cabe recurso alguno contra la desestimación de la petición; sin embargo, nada obsta para que el demandante presente una nueva petición de requerimiento europeo de pago, o incluso opte por cualquier otro procedimiento existente de conformidad con la legislación del EM en el que se pretende hacer valer el derecho de crédito.

El otro escenario es la oposición del demandado al requerimiento, en cuyo caso el demandante podrá: optar entre remitir el proceso a los órganos jurisdiccionales ordinarios para que estos conozcan del asunto con arreglo a la legislación nacional del EM en el que se pretende hacer valer el derecho de crédito; acudir al proceso europeo de escasa cuantía; o incluso desistir.

Por lo tanto, si es probable que el demandado impugne la deuda, es recomendable recurrir al proceso europeo de escasa cuantía, ya que el proceso monitorio europeo podría desestimarse mediante la simple oposición del demandado.

 

3- Reglamento (CE) nº 861/2007 dio a luz al proceso civil europeo, estableciendo un proceso europeo de escasa cuantía.

 
El proceso europeo de escasa cuantía puede utilizarse para todo tipo de asuntos en materia civil y mercantil, en cualquier órgano jurisdiccional, quedando fijada la cuantía máxima, tras la reforma de 2017, en 5.000 euros, sin incluir costas ni intereses.

El proceso europeo de escasa cuantía –que normalmente es un proceso escrito– permite, a diferencia del proceso monitorio europeo, que se celebre vista oral en caso de ser ello necesario, es decir cuando no es posible dictar sentencia sobre la base de las pruebas escritas o si el órgano jurisdiccional acepta la petición de una de las partes en este sentido. De ser así, toda parte citada a comparecer puede solicitar hacerlo por videoconferencia, si es técnicamente posible y siempre y cuando la asistencia en persona supondría un coste desproporcionado en relación con la demanda.

El demandante debe enviar el formulario de demanda al órgano jurisdiccional competente, que, una vez lo haya recibido y en un plazo no superior a 14 días, lo remitirá al demandado, que dispondrá entonces de un plazo de 30 días para responder. A continuación, si hay contestación, el órgano jurisdiccional debe enviar al demandante una copia en un plazo de 14 días; y en un plazo de 30 días, también a contar desde la recepción de la contestación (si la hubiere), el órgano jurisdiccional deberá decidir si dicta sentencia, solicita información complementaria por escrito a las partes o las cita a una vista oral.

Por tanto, en la UE es posible la ejecución y el reconocimiento transfronterizos de los derechos de los acreedores; es más, incluso puede afirmarse que se hace de un modo sencillo, mejorando el acceso a la justicia tanto para los consumidores como para las empresas, reduciendo los costes y acelerando los procesos civiles y mercantiles que entran dentro del ámbito de aplicación de los Reglamentos UE nº 805/2004, 1896/2006, y 861/2007.

 

Conozca al Responsable del Área de Derecho UE- Internacional.

 

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